Apenas unas horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional intentara justificar —de manera patética— su abuso desmedido de poder en un hipódromo de Wilder el domingo pasado, donde 105 personas fueron detenidas y decenas de niños quedaron traumatizados al ver cómo agentes federales golpeaban a manifestantes pacíficos y padres de familia con balas de goma y equipo antimotines, el gobernador de Idaho finalmente rompió el silencio.
Ese mismo día, varios de los acusados comparecieron ante la corte federal.
“Las operaciones de apuestas ilegales que involucran animales a menudo van acompañadas del tráfico de drogas, el maltrato animal, el tráfico ilegal de armas y grandes sumas de dinero que terminan en manos de los jefes del cartel. El Estado de Idaho brindó apoyo en la ejecución de una orden emitida por un juez federal en relación con las actividades ilegales que tenían lugar en Wilder,”
declaró el gobernador Brad Little.
Fuente: gov.idaho.gov
La respuesta desde la defensa
La abogada Nicole Ramírez-Smith, quien representa a varios detenidos, rebatió directamente el discurso incendiario del gobernador, calificándolo de exagerado y carente de sustento jurídico:
“La acusación criminal no contiene nada de eso, salvo una imputación por apuestas a unas cuantas personas… dos de las cuales fueron liberadas hoy de la corte federal, probablemente porque no fueron consideradas un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. Nadie fue acusado por drogas, peleas de animales, lavado de dinero, tráfico de armas o actividad de cartel.
Pero ¿saben quiénes no regresaron a casa? Muchos miembros trabajadores de la comunidad que no cometieron ningún delito, que estaban ahí con sus familias y fueron aterrorizados y maltratados en una muestra grotesca de fuerza. A los ciudadanos estadounidenses los formaron para verificar si “eran legales”. ¿Con qué fundamento? ¿Cuál fue la sospecha razonable para someterlos a revisiones migratorias más allá del color de su piel o del idioma que hablaban?
Estuvieron amarrados con cinchos durante horas, sin que se formularan nuevas acusaciones. ¿Dónde están los cargos por drogas? La mayoría ni siquiera fue interrogada sobre actividad criminal. ¿Dónde están las acusaciones de las que habla el gobernador?”
Fuente: Facebook / Nicole Ramírez-Smith
El abogado Brian Tanner, de Twin Falls, coincidió plenamente:
“He practicado derecho penal durante 20 años. Cuando existe causa probable, se presenta una declaración jurada ante un juez, quien emite una orden de arresto, y entonces se detiene a la persona acusada de violar la ley.
En este caso, aproximadamente 200 agentes federales detuvieron y esposaron a más de cien personas —incluidos niños— sin cargos formales ni sospecha razonable. Muchos eran ciudadanos o residentes legales permanentes.
La ley penal y constitucional, incluido el derecho consagrado en la Cuarta Enmienda contra registros y detenciones arbitrarias, ha protegido durante más de un siglo el principio de que nadie debe ser detenido sin motivo fundado ni orden judicial. Esto fue un flagrante abuso de la ley.”
Audiencias bajo la lupa
Tres de los cinco acusados por la redada en La Catedral Racetrack comparecieron ayer ante la corte federal, enfrentando el mismo cargo: operar o beneficiarse de un negocio ilegal de apuestas.
Iván Téllez, propietario del hipódromo y residente legal, fue liberado con restricciones; Alejandro Torres Estrada obtuvo libertad supervisada; mientras que Samuel Bejarano permanece detenido, por haber incumplido órdenes previas de deportación. Los otros dos —César Orozco y Dayana Fajardo— deberán presentarse hoy.
Las siguientes audiencias están programadas para el 28 de octubre.
Conclusión
Mientras el gobernador Little intenta vestir de “operación contra el narco” lo que cada vez más parece un operativo de perfil racial y abuso institucional, los hechos en la corte cuentan otra historia: no hay drogas, no hay armas, no hay cartel.
Sólo hay una comunidad latina aterrorizada y un Estado que eligió el espectáculo de la fuerza sobre el respeto a la ley.
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