Donald Trump perdió el Congreso y, de pronto, descubrió que tal vez se le había pasado la mano con las redadas. Lo dijo en 60 Minutes, donde hasta se mostró dispuesto a hablar de inmigración con los demócratas. Horas después nombró jefe de gabinete a Stephen Miller, el arquitecto de su política de deportaciones masivas. Si eso era arrepentimiento, qué manera tan curiosa de demostrarlo. Al responsable de la política que supuestamente se pasó de dura le dieron una oficina más grande.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se encargó de traducir el mensaje de la Casa Blanca al idioma de la calle. Las deportaciones siguen, incluso en Acción de Gracias y Navidad. En Los Ángeles, agentes enmascarados y con chalecos antibalas bloquearon el acceso vehicular a urgencias de un hospital en un barrio mayoritariamente latino. Un fiscal federal dijo que llevaban a un detenido para que recibiera atención médica. Imagínese llegar con una emergencia y encontrarse con ese operativo en la entrada.
En Alabama, Luis y Carlos Orta-Santoro, gemelos venezolanos de 19 años, regresaban a la universidad cuando los detuvieron al día siguiente de la elección. Su familia dice que ambos tenían solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes. Seguridad Nacional sostiene que se quedaron después de vencer su estancia autorizada. Los dos jugaban futbol para su universidad. Ahora están detenidos y su caso quedará en manos de un juez migratorio. A ver si Mullin se anima a contar esa historia la próxima vez que salga en televisión a presumir que van tras criminales peligrosos.
Y ahora les toca a los demócratas. Según Reuters, cuando asuman el control de ambas cámaras, quieren investigar las condiciones de detención, las muertes por uso de fuerza federal, las deportaciones a la megacárcel de El Salvador y el destino de más de cien mil millones de dólares asignados a Seguridad Nacional. También impulsan cámaras corporales e identificación visible para los agentes, y consideran retomar la Ley de Dignidad y una vía a la ciudadanía para los dreamers. Trump conserva el veto. El Congreso tiene citatorios, el presupuesto y las confirmaciones del Senado. Ojalá se atrevan a usarlos.
Mientras tanto, en Social Circle, Georgia, la oposición local ayudó a frenar el plan de convertir una bodega en un centro de detención para diez mil personas. En Roxbury, Nueva Jersey, una orden judicial restringió la conversión de otra bodega hasta que se completara una evaluación ambiental y los demandantes pudieran impugnarla. La resistencia en esos municipios pone sobre la mesa una pregunta que Washington debió hacerse antes de comprar bodegas. ¿Quién va a vigilar lo que pase adentro?
Rachel Maddow llevó esa pregunta más lejos con Jon Stewart en The Daily Show. Planteó que, si Trump dispone de una red de megacárceles capaces de encerrar a miles de personas por tiempo indefinido, algún día podría intentar usarlas también contra ciudadanos estadounidenses. Es una advertencia sobre lo que podría ocurrir. Y la pregunta para quienes se sienten a salvo con su pasaporte azul es muy sencilla. ¿Por qué habría que esperar a que el gobierno se lleve a un ciudadano para exigir que respete el debido proceso?
Los demócratas ganaron dos cámaras. Que usen ese poder para obligar a Seguridad Nacional a entregar expedientes, defender el acceso a abogados y poner condiciones al dinero que sostiene las redadas. Cuando vuelvan a pedir el voto, que puedan decir qué hicieron por la gente que hoy espera una audiencia detrás de una puerta cerrada. La próxima entrevista de Trump durará una hora. Para las familias que siguen esperando, cada día cuenta.
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