SANGRE, MENTIRAS Y BLINDAJE FEDERAL: ICE DISPARA, VANCE SE BURLA Y EL ESTADO SE ENCIERRA

Publicado el 9 de enero de 2026, 5:06

Primero Minneapolis. Después Portland. Dos ciudades, dos escenas distintas, una misma maquinaria. En menos de 48 horas, agentes federales dispararon contra civiles dentro de Estados Unidos y, casi al mismo tiempo, el poder político salió en estampida a justificar, mentir y cerrar filas. No para esclarecer. Para imponer un relato.

En Minneapolis, Renee Nicole Good, 37 años, madre, poeta, observadora legal, fue abatida dentro de su camioneta por un agente de Immigration and Customs Enforcement. Los videos —que la administración intentó desacreditar— muestran a agentes enmascarados rodeando el vehículo, forcejeando con la puerta y disparando a quemarropa mientras ella intentaba huir. No hay imágenes de un “ataque terrorista”. No hay prueba de que intentara atropellar a nadie. Lo que sí hay es algo todavía más brutal: un médico fue bloqueado cuando quiso auxiliarla. “No me importa”, le respondieron. La dejaron morir.

Minutos después, Kristi Noem apareció ante las cámaras con la investigación aún caliente y sentenció: terrorismo doméstico. Sin peritajes. Sin autopsia. Sin escuchar testigos. Veredicto político inmediato. Y detrás de ella, el coro habitual: Donald Trump la llamó “viciosa” y violenta; la Casa Blanca sugirió una conspiración “izquierdista”.

Pero nadie exhibió el desprecio con tanto descaro como JD Vance. Con sonrisa de suficiencia, Vance declaró que el agente está protegido por “inmunidad absoluta” —una figura legal que no existe en estos términos. No sólo eso: descalificó a las autoridades estatales, ridiculizó a Minnesota por querer investigar y acusó, sin pruebas, a funcionarios locales de “incitar violencia” contra ICE. Para Vance, el problema no es una mujer muerta, ni un disparo a la cara, ni un médico bloqueado: el problema es que alguien se atreva a cuestionar a un agente federal.

La realidad jurídica es otra. Los agentes federales pueden invocar protecciones limitadas bajo la Cláusula de Supremacía sólo si actuaron de manera necesaria y legal. Aquí eso no ha sido determinado. Aun así, Vance habló como juez, jurado y verdugo, dejando claro el mensaje: el Estado se investiga a sí mismo y punto.

Y cuando Minnesota intentó hacer lo mínimo indispensable —una investigación independiente—, Washington cerró la puerta. La fiscalía federal expulsó a los investigadores estatales del caso. El FBI se quedó con toda la evidencia. Sin acceso, sin cooperación, sin transparencia. Gobernar es controlar el expediente.

Horas después, Portland confirmó que esto no fue un “hecho aislado”. Otro operativo “dirigido”. Otro tiroteo federal. Dos personas heridas. La policía local admite que no conoce los hechos. El alcalde pide que ICE suspenda operaciones. El fiscal general abre investigación. El gobernador exige cooperación federal. Traducción simple: la confianza está rota.

Mientras tanto, ICE compra y despliega tecnología de vigilancia masiva: rastreo de teléfonos, mapas de movimientos, perfiles de vida sin orden judicial. No para resolver crímenes violentos, sino para alimentar redadas, persecución política y control social. Todo bajo la misma lógica que hoy justifica disparar primero y explicar después.

Esto ya no es “aplicación de la ley”. Es un Estado que dispara, miente y se blinda. Es un vicepresidente que se burla del proceso legal. Es una secretaria de Seguridad Nacional que sentencia antes de investigar. Es un presidente que necesita enemigos internos para sostener su poder.

Minneapolis y Portland no son excepciones. Son el nuevo manual. Y mientras el gatillo siga protegido por propaganda y “inmunidades” inventadas, la próxima víctima ya está en la mira.

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