Trump no quiere ganar elecciones. Quiere administrarlas.
Cuando Donald Trump dice que el gobierno federal debería “tomar el control” de las elecciones si los estados “no pueden manejarlas honestamente”, no está improvisando ni exagerando para provocar titulares. Está planteando, de forma deliberada, un cambio radical en la relación entre poder y voto. No se trata de corregir fallas administrativas ni de mejorar procesos. Se trata de trasladar la autoridad electoral a un nivel donde él y su partido concentran más poder político y coercitivo.
Trump sabe perfectamente que la Constitución otorga a los estados la administración de las elecciones. Por eso mismo insiste en reinterpretar ese rol, llamándolos “agentes del gobierno federal”. Esa redefinición no es legal, pero sí es política. Sirve para algo fundamental: deslegitimar cualquier elección que no controle.
La experiencia de 2020 no fue un episodio aislado ni un error táctico. Fue el ensayo general. Desde entonces, el mensaje ha sido constante: si Trump pierde, el sistema está roto; si el sistema está roto, hay que intervenirlo; si intervenirlo reduce votantes, es un daño colateral aceptable.
DEL DISCURSO AL CÓDIGO LEGAL: ASÍ OPERA EL PARTIDO REPUBLICANO
Aquí es donde entra el SAVE Act, y aquí es donde muchos análisis se quedan cortos. El SAVE Act no aparece como una ocurrencia independiente del Congreso. Es la traducción legislativa directa del discurso de Trump.
Mientras Trump habla de “fraude”, los republicanos redactan requisitos. Mientras Trump acusa a ciudades como Detroit, Filadelfia o Atlanta de elecciones “amañadas”, los legisladores apuntan a los votantes que viven ahí. El SAVE Act no persigue un delito comprobado; persigue un perfil demográfico.
La ley exigiría que los ciudadanos presenten documentos específicos como pasaporte o acta de nacimiento para registrarse para votar en elecciones federales, y en algunas versiones incluso para emitir el voto. No acepta identificaciones estatales comunes. No reconoce credenciales universitarias. Restringe identificaciones tribales. Todo eso en un país donde más de 21 millones de ciudadanos no tienen acceso inmediato a esos documentos.
El efecto no es abstracto. Es medible. Es predecible. Y es buscado.
MENOS FRAUDE QUE VOTANTES: LA ECUACIÓN REAL
El fraude electoral que Trump denuncia obsesivamente no existe en la escala que él describe. Auditorías estatales, revisiones federales y estudios independientes han confirmado una y otra vez que los casos de votación por no ciudadanos son extremadamente raros. Algunos estados que revisaron millones de votos encontraron apenas un puñado de irregularidades, muchas veces errores administrativos sin intención fraudulenta.
Sin embargo, el SAVE Act no responde a esa realidad. Responde a una narrativa política. Obliga a millones de ciudadanos a superar obstáculos económicos y burocráticos para ejercer un derecho constitucional. En la práctica, funciona como un impuesto indirecto al voto.
No es coincidencia que los grupos más afectados sean jóvenes, personas de bajos ingresos, comunidades latinas, personas negras y mujeres cuyos apellidos no coinciden con sus documentos de nacimiento. No es un defecto del diseño. Es el diseño.
“JIM CROW 2.0” NO ES RETÓRICA, ES DESCRIPCIÓN
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó el SAVE Act como “Jim Crow 2.0”. No lo hizo para provocar titulares, sino porque el mecanismo es históricamente reconocible. No se prohíbe votar explícitamente. Se crean requisitos “neutrales” que, en conjunto, excluyen de forma desproporcionada.
La novedad no está en la intención, sino en la escala y la tecnología. Las versiones actuales del SAVE Act incluyen purgas frecuentes del padrón electoral, restricciones severas al voto por correo y presiones para que los estados entreguen datos electorales al Departamento de Seguridad Nacional. Todo eso debilita la administración electoral y crea un clima de miedo legal entre funcionarios locales, quienes podrían enfrentar sanciones por errores administrativos, incluso al registrar votantes legítimos.
TRUMP MARCA LA LÍNEA, EL PARTIDO EJECUTA
Trump no necesita aprobar personalmente una ley que federalice las elecciones. Lo que necesita es algo más efectivo: normalizar la idea de que las elecciones solo son legítimas si él las controla. El Partido Republicano, con el SAVE Act, convierte esa idea en estructura legal.
Este no es un debate técnico sobre identificación. Es una lucha por el poder político a largo plazo. Trump entiende algo básico: quien define quién puede votar, define quién puede ganar.
Por eso insiste. Por eso presiona. Por eso repite mentiras que ya fueron desmentidas. No está defendiendo la democracia. Está reprogramándola para que funcione solo a su favor.
FUENTES DOCUMENTADAS
Yahoo News – Trump insiste en que el gobierno federal “tome control” de las elecciones
https://www.yahoo.com/news/articles/trump-doubles-down-suggesting-federal-234252960.html
The Hill – Schumer condena el SAVE Act como “Jim Crow 2.0”
https://thehill.com/homenews/senate/5720541-schumer-condemns-save-act/
Brennan Center for Justice – El SAVE Act bloquearía a millones de votantes
https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/new-save-act-bills-would-still-block-millions-americans-voting
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