Lo ocurrido el 19 de octubre de 2025 en La Catedral, en Wilder, Idaho, no fue simplemente una redada. Fue una operación de escala militar ejecutada en un evento comunitario latino, bajo la cobertura de una investigación por apuestas sin licencia contra cinco personas. Cinco. No hablamos de una célula armada. No hablamos de tráfico de drogas. No hablamos de violencia organizada. Hablamos de apuestas vinculadas a carreras de caballos.
Y aun así, más de 200 agentes federales, estatales y locales descendieron con helicóptero táctico, vehículos blindados, equipos SWAT, rifles de asalto, drones, unidades caninas y granadas aturdidoras. Testigos describen disparos de balas de goma, ventanas rotas en vehículos donde había niños refugiándose de la lluvia y órdenes gritadas a punta de arma para que familias completas caminaran hacia la pista del hipódromo.
Cerca de 400 personas fueron detenidas durante horas.
105 terminaron bajo custodia migratoria.
Alrededor del 70% de los retenidos eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
La ACLU y la ACLU de Idaho han presentado una demanda colectiva federal que acusa a ICE, al FBI y a múltiples agencias locales —incluyendo al sheriff del condado de Canyon, Kieran Donahue— de haber ejecutado una detención masiva inconstitucional. La demanda sostiene que el operativo violó la Cuarta Enmienda al realizar registros y detenciones sin sospecha individualizada, y la Decimocuarta Enmienda al aplicar un patrón de perfil racial. Los demandantes buscan que el caso sea certificado como acción colectiva para representar a todas las personas detenidas que no enfrentaron cargos penales, exigir daños y establecer límites judiciales a este tipo de operativos.
📄 Demanda completa:
https://www.aclu.org/documents/rodriguez-et-al-v-porter-et-al-class-action-complaint
📰 Cobertura local:
https://www.kivitv.com/canyon-county/aclu-sues-ice-idaho-police-over-unconstitutional-wilder-immigration-raid-in-class-action-case
📰 Investigación de CBS News:
https://www.cbsnews.com/news/feds-zip-tied-14-year-old-girl-idaho-raid-ice-tactics/
Uno de los testimonios más contundentes es el de SueHey, una adolescente de 14 años, ciudadana estadounidense. En entrevista con CBS News relató cómo fue sacada del vehículo donde intentaba proteger a sus hermanos de 6 y 8 años, llevada a la pista y sujetada con cinchos en las muñecas. “Estoy llorando… no puedo respirar”, dijo. Las fotografías muestran moretones marcados en sus muñecas.
Inicialmente, el sheriff Donahue negó que menores hubieran sido amarrados. Cuando CBS presentó evidencia fotográfica, su respuesta fue distinta pero igualmente reveladora: “God bless her… law enforcement is not evil.” No es cuestión de adjetivos morales. Es una cuestión constitucional. Si el Estado puede desplegar fuerza militarizada contra una multitud mayoritariamente latina, detener a cientos de personas sin interrogarlas sobre el delito investigado y condicionar su liberación a la verificación de estatus migratorio, entonces la investigación por apuestas fue, como alega la demanda, una fachada para un operativo migratorio masivo.
La propia demanda cita comunicaciones internas posteriores al operativo donde se celebra el resultado como un “massive undertaking” que “puso a la oficina de ICE en el mapa” tras 105 arrestos. Cuatro meses después, los únicos cargos penales formales siguen siendo por apuestas sin licencia. No hubo acusaciones por narcóticos. No hubo cargos por violencia.
El costo no se mide solo en recursos públicos movilizados. Se mide en confianza fracturada. En niños que ahora temen llamar al 911. En madres que no pudieron abrazar a sus hijos durante horas. En adolescentes ciudadanos que aprendieron que el color de piel puede convertir un día familiar en una escena de guerra.
La Catedral fue presentada como una operación necesaria. Lo que dejó fue una comunidad traumatizada y una pregunta que no desaparece: ¿cuánta fuerza es demasiada cuando el objetivo real no era una amenaza violenta, sino la posibilidad de encontrar inmigrantes?
Esa respuesta ahora no la dará un sheriff frente a cámaras.
La dará un tribunal federal.
Y en esta carrera, el Estado ya no corre solo.
Añadir comentario
Comentarios