Hay momentos en que uno quisiera que la política fuera solo ruido de fondo, algo que puedes bajar con el volumen. Pero cuando lo que está en juego es la columna vertebral económica y social de un estado entero, el silencio ya no es opción.
Escuchen esto con atención, porque no son consignas, son números fríos:
“5.1 mil millones en producto estatal bruto, 400 millones en ingresos estatales y casi 30 mil empleos estadounidenses,” declaró Rick Naerebout, CEO de la Idaho Dairymen’s Association.
“Lo cual es similar a lo que vimos durante la Gran Recesión,” añadió el Dr. Timothy Nadreau, uno de los autores del estudio.
Y ahí empieza la conversación real.
El viernes pasado, en el Capitolio de Idaho, líderes de la Idaho Alliance for a Legal Workforce —que agrupa a la Idaho Dairymen’s Association, Idaho Farm Bureau Federation, Idaho Home Builders Association y Ahlquist— presentaron el estudio titulado “The Story of Idaho Labor Markets: An Economic Analysis of Foreign-Born Contributions.” El análisis fue elaborado por los economistas Steven Peterson y Timothy Nadreau, y modela un escenario en el que se elimina una parte sustancial de la fuerza laboral nacida en el extranjero.
El resultado proyectado no es menor: una reducción aproximada del 4.6% del producto estatal bruto, equivalente a 5.1 mil millones de dólares; una caída anual de 397.8 millones en ingresos fiscales estatales; más de 55,000 empleos afectados cuando se consideran los efectos en cadena en proveedores, transporte, comercio y servicios.
En términos sectoriales, la producción lechera podría caer hasta 45%, el procesamiento de lácteos 25%, la agricultura general 22.5%, la construcción 13% y la hospitalidad 10%. Y todo esto en un estado con desempleo históricamente bajo.
Zak Miller, CEO de la Idaho Farm Bureau Federation, recordó que el programa federal H-2A impone salarios por encima del mínimo y requisitos estrictos. En 2025 hubo más de 7,600 solicitudes de empleadores de Idaho para trabajadores H-2A y apenas cinco solicitantes locales. La escasez no es ideológica, es estructural.
Ahora bien, después de entender el peso económico, pasemos al frente legislativo.
En la Legislatura se han presentado varias propuestas que buscan endurecer el control sobre la población inmigrante y los empleadores:
• HB 656 – Exigir a escuelas públicas y universidades reportar datos agregados sobre estatus migratorio, nacionalidad y lengua primaria de estudiantes.
• HB 592 – Obligar a hospitales a recopilar y reportar información sobre estatus migratorio de pacientes y costos asociados.
• HB 584 – Hacer obligatorio el uso de E-Verify para todos los empleadores y prohibir la contratación de trabajadores no autorizados.
• SB 1247 – Requerir que grandes contratistas estatales utilicen E-Verify.
• Propuestas para tipificar como delito menor contratar a sabiendas trabajadores no autorizados.
• Iniciativas para penalizar a quienes ayuden o resguarden a personas sin estatus legal.
Las coberturas completas pueden consultarse en:
https://idahocapitalsun.com/2026/02/16/idaho-industry-leaders-push-back-on-state-immigration-legislative-proposals/
https://www.ktvb.com/article/news/politics/idaho-farmers-warn-new-immigration-law-could-cost-state-billions/277-8cb89907-697e-4267-98a1-f515cda9fee2
https://idahonews.com/news/local/idaho-industry-groups-brief-lawmakers-on-economic-impact-of-foreign-born-workforce
Pero aquí es donde quiero hacer una pausa más profunda, porque esto no es solo una ecuación macroeconómica.
No estamos hablando únicamente de porcentajes de producción o de curvas de oferta y demanda. Estamos hablando de familias. De madres que se levantan antes del amanecer para trabajar en el campo. De padres que cargan madera en invierno helado para que haya casas nuevas. De hermanos que envían dinero a sus comunidades y al mismo tiempo pagan impuestos aquí. De niños que van a nuestras escuelas y hablan inglés con acento de Idaho.
Sí, celebro que estas organizaciones empresariales estén defendiendo la estabilidad laboral y económica del estado. Es necesario. Es valiente en el contexto político actual.
Pero también hay que decirlo con claridad: la defensa no puede quedarse solo en proteger la productividad. Si realmente reconocemos que estos trabajadores son fundamentales, entonces la lucha debe ir más allá de mantener permisos temporales que los mantengan en una categoría precaria. Debe incluir mejores condiciones laborales, salarios dignos y, eventualmente, un camino real hacia la ciudadanía plena.
Porque nadie debería ser reducido a una cifra en un modelo económico ni a una mano de obra utilitaria. No son piezas intercambiables en una máquina agrícola o de construcción. Son seres humanos con rostro, historia y aspiraciones.
Si Idaho quiere prosperar, no solo necesita estabilidad económica. Necesita coherencia moral. Necesita reconocer que su crecimiento no se construyó solo con capital y tierra, sino con el trabajo de miles de inmigrantes que ya forman parte del tejido del estado.
Con casi un 40 por ciento de todos los trabajadores en las lecherías nacidas en el exterior y la tercera parte en la construcción, esto no se resuelve con miedo ni con castigo. Se resuelve con políticas inteligentes, humanas y federales que reconozcan lo evidente: sin ellos, Idaho no sería lo que es. Con ellos, puede ser todavía mejor.
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