Los buitres gélidos no dan tregua ni descanso. Mientras miles de familias intentan trabajar, pagar la renta y vivir sin meterse con nadie, el gobierno de Donald Trump prepara otra gigantesca cacería migratoria. Esta vez, más de 300 mil inmigrantes haitianos están bajo la lupa después de perder la protección que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
No estamos hablando de personas que cruzaron ayer escondidas en la cajuela de un automóvil. Muchos llevan años en este país. Trabajan en hospitales, asilos, restaurantes, hoteles, fábricas, campos agrícolas y compañías de construcción. Pagan impuestos, rentan casas, compran comida, tienen hijos estadounidenses y forman parte de sus comunidades.
Pero para la administración Trump nada de eso importa. El inmigrante sirve mientras trabaja barato, limpia habitaciones, cuida ancianos o recoge cosechas. Cuando llega la temporada electoral, deja de ser trabajador y se convierte en “invasor”.
Ahora, ICE estaría preparándose para intensificar sus operativos contra haitianos que perderán el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Ohio podría convertirse en uno de los principales objetivos, especialmente Springfield, la ciudad que Trump utilizó durante la campaña de 2024 para difundir la mentira racista de que inmigrantes haitianos se comían los perros y gatos de sus vecinos.
Primero los acusaron de comerse las mascotas. Después los convirtieron en una amenaza nacional. Ahora quieren mandar a los buitres gélidos para llevárselos.
Esa es la receta trumpista: inventar una historia absurda, repetirla hasta que millones la crean, deshumanizar a un grupo vulnerable y después presentar su persecución como una medida de seguridad.
El gobierno asegura que el TPS siempre fue temporal y que los haitianos tuvieron tiempo suficiente para encontrar otra manera de permanecer legalmente. Sin embargo, esa explicación ignora deliberadamente la realidad del país al que pretenden devolverlos.
El propio Departamento de Estado mantiene a Haití bajo una advertencia de nivel 4: “No viajar”. La dependencia cita secuestros, terrorismo, violencia criminal, disturbios, servicios médicos limitados y una capacidad extremadamente reducida para ayudar incluso a ciudadanos estadounidenses. Los vuelos comerciales estadounidenses tampoco operan normalmente desde Puerto Príncipe.
En otras palabras, Haití es demasiado peligroso para que viaje un turista estadounidense, demasiado peligroso para las familias de los empleados de la embajada y demasiado peligroso para que el gobierno garantice asistencia consular. Pero, mágicamente, es suficientemente seguro para deportar a cientos de miles de haitianos.
La Organización Internacional para las Migraciones reportó casi 1.47 millones de desplazados internos en Haití para mayo de 2026. La violencia, la inseguridad alimentaria y los ataques armados continúan expulsando a familias enteras de sus comunidades.
Aun así, el Departamento de Seguridad Nacional ofrece a los inmigrantes un cheque de 2 mil 600 dólares y un vuelo de salida como parte de su campaña de “autodeportación”. Qué generosidad. Te quitan el permiso de trabajo, amenazan con detenerte, ponen a ICE detrás de ti y luego dicen que tu salida fue voluntaria.
Es como si un ladrón te apuntara con una pistola, te quitara la cartera y después presumiera que hiciste una donación.
La persecución tampoco termina en los barrios o centros de trabajo. Abogados migratorios aseguran que ICE está arrestando cada vez con mayor frecuencia a personas en aeropuertos. El gobierno ya posee los datos del pasajero, conoce su itinerario y sabe exactamente cuándo aparecerá frente a los agentes de seguridad.
El aeropuerto se convierte así en una ratonera migratoria.
Algunas de las personas detenidas entraron legalmente al país, tenían permisos laborales o mantenían solicitudes migratorias pendientes. Una mujer fue arrestada cuando viajaba para reunirse con su familia tras la muerte de su padre. Otra fue detenida en un puente de abordaje mientras sus acompañantes gritaban pidiendo ayuda. Una trabajadora de Southwest Airlines fue arrestada mientras realizaba su trabajo. También se ha detenido a personas procedentes de Ucrania, un país que continúa siendo atacado por Rusia.
La presión para aumentar arrestos es evidente. Cuando una administración mide su éxito por la cantidad de seres humanos capturados diariamente, deja de buscar justicia y comienza a perseguir cuotas.
Y la atmósfera dentro del Departamento de Seguridad Nacional se ha vuelto tan tóxica que hasta su principal funcionario encargado de las estadísticas decidió largarse. Marc Rosenblum, director ejecutivo de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, renunció denunciando abiertamente al gobierno de Trump. En su mensaje de despedida declaró:
“Estoy encantado de terminar mi relación con la actual administración. Entre la guerra contra los inmigrantes, la guerra contra los empleados federales y la guerra contra los hechos, sin mencionar la absurda guerra en Irán y la descarada corrupción, simplemente necesito un cambio”.
No lo dijo un activista parado afuera de un centro de detención. No lo dijo un locutor de radio con un micrófono y muy poca paciencia. Lo dijo el hombre responsable de recopilar, analizar y presentar los números del Departamento de Seguridad Nacional.
Cuando el encargado de las estadísticas abandona el barco denunciando una “guerra contra los hechos”, debemos preguntarnos qué números no quieren que veamos.
¿Cuántas personas han sido detenidas sin antecedentes? ¿Cuántas familias han sido separadas? ¿Cuántos arrestos se realizan solo para cumplir una cuota política?
Los más de 300 mil haitianos colocados ahora bajo la lupa no son una masa anónima. Son enfermeros, agricultores, cocineros, albañiles, estudiantes, madres, padres y vecinos. Muchos escaparon de terremotos, hambre, secuestros y violencia de pandillas. Estados Unidos les permitió trabajar legalmente porque reconoció que regresar a Haití era peligroso.
Las condiciones no mejoraron mágicamente. Lo que cambió fue el gobierno estadounidense.
Trump necesita enemigos para alimentar su movimiento político. Si no son mexicanos, son haitianos. Si no son haitianos, son venezolanos. Si no son venezolanos, serán estudiantes, refugiados, musulmanes o cualquier grupo suficientemente vulnerable como para ser atacado sin demasiadas consecuencias políticas.
Los buitres gélidos seguirán sobrevolando aeropuertos, fábricas, hospitales y vecindarios mientras alguien les siga entregando listas de nombres.
Pero que quede claro: perseguir trabajadores no hará más seguro a Estados Unidos. Deportar familias a un país que el propio gobierno considera extremadamente peligroso no es aplicar la ley con firmeza.
Es crueldad organizada. Es racismo convertido en política pública. Y es una guerra contra inmigrantes que ya ni siquiera intentan ocultar.
FUENTES:
https://www.wired.com/story/dhs-official-resigns-citing-war-on-immigrants
https://dtm.iom.int/reports/haiti-report-internal-displacement-situation-round-13-may-2026
Añadir comentario
Comentarios