Han pasado más de seis años desde que la pandemia de COVID-19 transformó al mundo y convirtió una emergencia sanitaria en otra guerra religiosa estadounidense. Para buena parte de la derecha, el virus fue una simple “gripita”, las mascarillas fueron comunismo textil y Anthony Fauci dirigía una conspiración internacional desde algún laboratorio secreto. Para otros, cuestionar una sola decisión de las autoridades sanitarias equivalía a negar la ciencia.
Yo no compro ninguno de esos paquetes ideológicos.
Para mí, esto es personal. He perdido amigos y familiares por el COVID-19 y sigo padeciendo problemas cardiacos que, según mi médico, podrían estar relacionados con COVID prolongado o con una reacción adversa a la vacuna. Aun así, me he puesto siete u ocho refuerzos y continuaré vacunándome cuando exista una justificación científica. Ser provacuna no significa arrodillarse ante Pfizer, Moderna ni ante ningún funcionario público. Significa aceptar la evidencia, reconocer los riesgos y exigir responsabilidad.
También me preocupa el negocio. Las vacunas se desarrollaron con miles de millones de dólares públicos, pero ahora las farmacéuticas pueden cobrar más de 150 dólares por un refuerzo. El contribuyente financia la investigación, absorbe el riesgo y después vuelve a pagar en la farmacia. Eso no es libre mercado. Es capitalismo subsidiado con bata blanca.
También debe existir una vía justa para indemnizar a quienes sufran lesiones reales por una vacuna, sin convertir cada dolor de cabeza publicado en Facebook en prueba de una conspiración magnética.
Esta semana, Fauci compareció ante un comité del Senado encabezado por Rand Paul y se acogió repetidamente a la Quinta Enmienda. Fauci dijo que Paul mantiene una “obsesión desquiciada” con encarcelarlo y que solamente buscaba hacerlo decir “algo, cualquier cosa” que pudiera utilizarse en su contra.
Entonces apareció Josh Hawley, siempre dispuesto a convertir una audiencia en audición para Fox News. Hawley declaró: “Ninguna persona honesta se acoge a la Quinta”.
Eso es basura constitucional.
La Quinta Enmienda no existe solamente para culpables simpáticos, empresarios millonarios o políticos del partido correcto. Protege a cualquier persona frente a la autoincriminación, especialmente cuando quien dirige el interrogatorio lleva años anunciando públicamente que desea meterla tras las rejas.
Y aquí entra el detalle que Hawley convenientemente olvidó: Donald Trump se acogió a la Quinta Enmienda más de 440 veces durante una declaración de 2022 ante la fiscalía general de Nueva York.
Así que, según la lógica del senador Hawley, Trump sería 440 veces deshonesto. No lo digo yo. Lo dijo la calculadora republicana antes de explotar en sus propias manos.
Después llegó el senador Bernie Moreno, quien preguntó a Fauci: “¿Quién carajo creías que eras para hacer eso?”. En inglés utilizó la expresión completa: “Who the fuck do you think you were?”
¿Qué carajo, senador?
Fauci era un funcionario público que participó en decisiones presidenciales, burocráticas y científicas durante una emergencia mundial. Eso no lo convierte en santo ni en criminal. Hubo mensajes contradictorios sobre las mascarillas, cierres escolares que merecen una revisión seria y una concentración de poder sanitario que cualquier libertario debería cuestionar.
Pero acusarlo de “crímenes” sin identificar un delito concreto no es fiscalización. Es una rabieta diseñada para producir videos virales.
Tampoco me tranquiliza que el patrimonio familiar de Fauci aumentara durante la pandemia. Según documentos financieros analizados por OpenTheBooks, pasó de aproximadamente 7.6 millones de dólares en 2019 a más de 12.6 millones en 2021. Gran parte del crecimiento provino de salarios, inversiones y premios, y no existe evidencia pública de que Fauci recibiera millones directamente por las vacunas.
Pero cuando millones perdieron empleos, negocios y familiares, resulta razonable exigir transparencia absoluta sobre cada dólar recibido por quienes dirigían la respuesta gubernamental.
También considero que el indulto preventivo otorgado por Joe Biden fue un error. Quizá pretendía proteger a Fauci de una persecución política trumpista, pero terminó alimentando sospechas y dificultando una investigación verdaderamente independiente.
Mi posición es sencilla: ni canonizar a Fauci ni quemarlo en la plaza pública. Hay que investigar con pruebas, proteger sus derechos constitucionales, publicar sus cuentas, limitar el poder de las farmacéuticas y reconocer tanto a las víctimas del COVID-19 como a quienes padecieron lesiones médicas legítimas.
La ciencia sin transparencia se convierte en autoridad ciega. La política sin evidencia se convierte en inquisición.
Y el Senado estadounidense, ese circo financiado por los contribuyentes, logró practicar las dos al mismo tiempo.
FUENTES:
https://apnews.com/article/37660e6a4a555c739376cf9e2e96e94f
https://openthebooks.substack.com/p/breaking-faucis-net-worth-soared
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