Stephen Miller, ese eterno arquitecto de la política migratoria más dura de Donald Trump, volvió a aparecer ayer detrás del escritorio presidencial, empujando otra maniobra para limitar la ciudadanía por nacimiento. Porque aparentemente recibir una paliza constitucional de la Suprema Corte no significa abandonar la idea, sino buscar otra rendija por donde meterla.
Trump firmó dos nuevas órdenes ejecutivas. Una pretende ampliar las categorías de niños nacidos en Estados Unidos que podrían quedar excluidos de la ciudadanía automática, incluyendo hijos de ciertos empleados de gobiernos extranjeros, personas clasificadas como “enemigos extranjeros” (“alien enemies”, en inglés, como si fueran alienígenas) y casos relacionados con fraude migratorio. La otra apunta directamente contra el llamado “turismo de parto”: mujeres que llegan al país específicamente para dar a luz y obtener ciudadanía estadounidense para sus hijos.
Miller lo presentó prácticamente como si acabaran de descubrir una invasión secreta de maternidades clandestinas.
Hay un pequeño inconveniente con semejante dramatismo: desde 2020, el Departamento de Estado ya establece que una visa de turista puede ser negada cuando el propósito principal del viaje sea venir a Estados Unidos exclusivamente para dar a luz y conseguir ciudadanía para el bebé.
Es decir, ya existían herramientas legales contra el fraude migratorio.
Pero aparentemente eso no produce suficientes titulares.
Y tampoco ayuda que Trump siga repitiendo que Estados Unidos es prácticamente el único país del mundo que concede ciudadanía por nacimiento. Eso es falso. Pew Research Center identifica 33 países donde existe ciudadanía automática y generalmente aplicable por haber nacido en el territorio, incluyendo Canadá, México, Brasil, Argentina, Uruguay y varios más.
Pero aquí viene el verdadero pleito.
El 30 de junio, la Suprema Corte rechazó por 6 votos contra 3 el intento anterior de Trump de negar ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuando sus padres no fueran ciudadanos o residentes permanentes. La Decimocuarta Enmienda dice que las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos.
No dice “excepto cuando Stephen Miller esté de malas”.
Las nuevas órdenes parecen diseñadas precisamente para caminar alrededor de aquella derrota, buscando excepciones suficientemente estrechas para sobrevivir otro round judicial. Abogados especializados, grupos de derechos civiles y organizaciones migratorias ya anticipan nuevas demandas.
Y aquí es donde resulta imposible ignorar el contexto racial de la política migratoria estadounidense.
Podemos imaginarnos perfectamente que el debate político tendría otro tono si el rostro dominante de la inmigración fueran familias rubias llegando desde Inglaterra, Suiza o Eslovenia. No podemos demostrar qué piensa Trump dentro de su cabeza, pero sí podemos juzgar una trayectoria política que durante años ha presentado principalmente a migrantes latinoamericanos, africanos y de países pobres como amenazas, criminales o invasores.
Por eso este debate nunca ha sido solamente sobre documentos.
Es también sobre quién pertenece.
Quién merece quedarse.
Y quién tiene derecho a convertirse, desde el primer segundo de vida, en estadounidense.
Trump puede firmar todas las órdenes ejecutivas que quiera. Miller puede seguir buscando agujeros legales con lupa y linterna.
Pero una orden presidencial no borra mágicamente una enmienda constitucional.
Y después de más de 150 años de ciudadanía por nacimiento, cambiar algo tan fundamental requiere bastante más que una Sharpie presidencial.
#ElChupacast
FUENTES / URLS:
https://www.reuters.com/world/trump-sign-orders-birthright-citizenship-axios-reports-2026-08-06/
https://www.pewresearch.org/chart/birthright-citizenship-around-the-world/
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