Donald Trump volvió a demostrar que su supuesto amor por “la gente trabajadora” termina exactamente donde comienzan los intereses de los patrones. Su gobierno intentó reducir los salarios de los campesinos que siembran, cosechan, ordeñan y procesan los alimentos que llegan a nuestras mesas. Pero esta vez, el garrote judicial cayó sobre la administración: un juez federal determinó que la maniobra fue ilegal, arbitraria y caprichosa.
El caso se refiere al programa H-2A, que permite contratar temporalmente a trabajadores agrícolas extranjeros cuando no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles. La ley, sin embargo, exige una protección fundamental: la contratación de extranjeros no puede perjudicar los salarios ni las condiciones laborales de quienes ya trabajan en Estados Unidos.
Para cumplir esa obligación, el Departamento del Trabajo establece una tarifa salarial mínima conocida como AEWR. No es un regalo para los campesinos ni una extravagancia burocrática; es un dique contra la explotación. Impide que un patrón reemplace a trabajadores locales con mano de obra extranjera más barata y utilice esa competencia desigual para reducir los salarios de todos.
La administración Trump alteró la fórmula en octubre de 2025. Clasificó a la inmensa mayoría de los campesinos H-2A dentro de una categoría salarial inferior y permitió descontar del sueldo parte del costo de la vivienda que anteriormente debía proporcionar el empleador. En California, el salario aplicable cayó de $19.97 a $16.90 por hora: una reducción de 15%. En otros lugares, los recortes oscilaron entre $3 y $7 por hora.
El propio Departamento del Trabajo calculó que la medida ahorraría a los empleadores aproximadamente $2,460 millones anuales. Traducido del lenguaje burocrático al lenguaje humano: miles de millones de dólares dejarían de llegar a las familias trabajadoras para quedarse en los bolsillos de los patrones. El Economic Policy Institute estimó pérdidas todavía mayores, de entre $4,400 y $5,400 millones al año para trabajadores H-2A y estadounidenses.
El juez federal Kirk E. Sherriff concluyó que el gobierno no analizó razonablemente si su fórmula cumplía con la obligación legal de evitar daños a los trabajadores estadounidenses. También determinó que la justificación ofrecida por la administración era defectuosa tanto en el fondo como en el procedimiento. No basta con declarar que existe escasez de mano de obra y después fabricar una fórmula para abaratarla. Una agencia federal debe explicar sus decisiones, considerar la evidencia y obedecer la ley.
Hay una precisión importante: el juez declaró ilegal la metodología y ordenó al Departamento del Trabajo producir rápidamente una nueva, pero permitió que las tarifas actuales siguieran temporalmente vigentes durante ese proceso. También ordenó advertir a los empleadores que podrían deber salarios retroactivos si las nuevas tarifas legales resultan superiores. Por lo tanto, Trump perdió el caso, aunque la recuperación inmediata del dinero todavía no está garantizada.
Esta victoria pertenece a United Farm Workers, la Fundación UFW y los 18 campesinos que tuvieron el valor de demandar. Su lucha protege tanto al trabajador migrante como al residente y al ciudadano estadounidense. Dividirlos por nacionalidad solamente beneficia al patrón que quiere pagar menos.
Trump quiso convertir el programa H-2A en una máquina para importar trabajadores vulnerables, mantenerlos dependientes del empleador y deprimir los salarios de toda la industria. El tribunal le recordó algo elemental: quienes alimentan al país no son herramientas desechables. Trabajo digno significa salario digno, sin importar dónde nació la persona que recoge la cosecha.
#ElChupacast
FUENTES:
https://www.huffpost.com/entry/trump-h2a-farmworker-pay-cuts_n_6a8f5ceee4b02b26136ed233
https://www.latimes.com/california/story/2026-08-26/farmworkers-wage-cuts-unlawful
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