La administración Trump repite su cantaleta favorita: “Si van a venir a Estados Unidos, háganlo por la vía legal”. Lo dicen como si emigrar fuera sacar un turno en la carnicería, esperar tantito y recoger la residencia junto con el bistec. Pero cuando alguien entra con visa y después solicita protección, resulta que tampoco les parece. Entonces, ¿quieren que respetemos las reglas o simplemente quieren reservarse el derecho de cambiarlas cuando les estorbamos?
Según Associated Press, el gobierno prepara la revocación de hasta 200,000 visas de negocios y turismo de personas que solicitaron asilo. El plan apunta a visas B1/B2 expedidas entre 2016 y 2026. Ojo: hablamos de una medida prevista, no de 200,000 cancelaciones consumadas ni de deportaciones automáticas. Los expedientes de asilo pendientes importan, y se anticipan impugnaciones judiciales.
La administración presenta esa secuencia como un abuso: llegaste de visitante y después pediste asilo; por lo tanto, hiciste trampa. Bonita manera de sustituir la investigación por el prejuicio. Solicitar protección después de entrar legalmente no demuestra, por sí solo, que alguien mintió para conseguir su visa.
El propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración explica que se puede solicitar asilo independientemente del estatus migratorio, generalmente dentro del primer año de llegada y sujeto a los requisitos correspondientes. Eso no garantiza que aprueben cada solicitud, pero sí desbarata la insinuación de que pedirla constituye automáticamente un fraude.
Si existen mentiras, que las prueben individualmente. Convertir a miles de solicitantes en sospechosos por utilizar un procedimiento reconocido por la ley es otra cosa. Llamarlo “vacío legal” no aporta pruebas; aporta un eslogan para que el público deje de ver familias y empiece a ver tramposos.
Y ahora la sospecha amenaza con alcanzar a los hijos.
Reuters reportó que el Departamento de Estado estudia exigir pruebas de ciudadanía o estatus migratorio de los padres al tramitar pasaportes para sus hijos. La propuesta sigue sin finalizarse y está vinculada con la ofensiva de Trump contra el llamado “turismo de nacimiento”.
Imagínese tener un hijo estadounidense y descubrir que, para documentar sus derechos, el gobierno quiere poner bajo la lupa los papeles de sus padres. El niño presenta su identidad; Washington parece querer abrirle una investigación al árbol genealógico.
Pedir documentación no equivale automáticamente a quitar ciudadanía. Pero utilizar el estatus de los padres para negarle un pasaporte a un hijo que sí es ciudadano plantearía un problema constitucional gravísimo. La ciudadanía del menor no debería convertirse en un premio a la situación migratoria de sus papás.
Además, existe una consecuencia que merece atención: el miedo. ¿Cuántas familias podrían desistir del trámite por temor a exponerse? Un derecho puede quedar fuera de alcance sin que nadie lo derogue, si ejercerlo se vuelve una amenaza.
Las dos historias revelan, a mi juicio, la misma contradicción: exigir obediencia a la ley mientras se levantan obstáculos contra quienes recurren a ella. Primero cuestionan al visitante que pide protección; después amenazan con complicarle los documentos al hijo ciudadano.
Que dejen de vendernos el cuento de que todo se resuelve “haciéndolo legalmente”. Cuando hasta seguir el procedimiento despierta sospechas, el problema está en quienes convierten la exclusión en política y después la disfrazan de orden.
La Constitución no es propiedad de Trump, y nuestros hijos no tienen que ganarse su ciudadanía cayéndole bien.
#ElChupacast
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