Hace 25 años, mientras daba las noticias matutinas en inglés y español en Rupert, Idaho, solamente teníamos una computadora conectada a internet en toda la estación. Mientras revisaba los mensajes, apareció un boletín nacional: supuestamente, un avión había impactado el World Trade Center en Nueva York.
La coincidencia fue extraña. Esa misma semana había visto un documental del History Channel sobre el avión que chocó contra el Empire State Building en 1945. Pensé que se trataba de otra avioneta y no le di mayor importancia.
Minutos después llegó la aclaración: era un avión comercial. Luego vino el segundo impacto, el ataque contra el Pentágono, la noticia del vuelo que cayó en Shanksville, Pensilvania, y finalmente el boletín inconcebible: las Torres Gemelas se habían desplomado.
Casi 3,000 personas perdieron la vida. La nación quedó paralizada y el mundo entero, horrorizado. El supuesto coloso hegemónico había sido atacado dentro de sus propias fronteras.
Muchos recuerdan aquellos días como una época de unidad. Yo recuerdo algo distinto: el comienzo de una transformación que terminó desgarrando el tejido constitucional del país.
Lamento profundamente la pérdida de vidas inocentes y condeno sin reservas aquellos cobardes atentados. Pero también condeno a los legisladores sin agallas que aprovecharon el miedo para convertir a Estados Unidos en un imperio belicoso y un Estado policiaco.
Apenas 45 días después del ataque, George W. Bush firmó la Ley Patriota. El Congreso aprobó cientos de páginas con prisas, mientras cuestionar cualquier medida era presentado casi como una traición. La ley amplió las facultades para obtener registros privados, realizar vigilancia secreta y emitir cartas de seguridad nacional acompañadas de órdenes que impedían revelar que el gobierno había solicitado información.
La Sección 215 terminó sirviendo de fundamento para recopilar masivamente registros telefónicos de millones de personas que no eran sospechosas de ningún delito. Años después, las revelaciones de Edward Snowden demostraron que el aparato de vigilancia era mucho más grande de lo que Washington había admitido. En 2015, una corte federal determinó que aquella recopilación masiva ni siquiera estaba autorizada por la propia ley utilizada para justificarla.
Pero el daño ya estaba hecho.
También llegó la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001: una autorización redactada para perseguir a los responsables del 11-S que terminó siendo invocada durante décadas, en distintos países y contra grupos que ni siquiera existían cuando cayeron las torres.
Después vino Irak, con afirmaciones falsas sobre armas de destrucción masiva; Guantánamo, con detenciones indefinidas; prisiones secretas de la CIA; tortura disfrazada de “interrogatorios mejorados”; tribunales secretos y asesinatos mediante drones. Presidentes republicanos y demócratas heredaron esas herramientas y, en vez de devolverlas, las perfeccionaron.
La guerra también regresó a casa.
El Programa 1033, que entrega equipo militar sobrante a corporaciones policiacas, existía antes del 11-S, pero la llamada seguridad nacional aceleró la militarización. Aparecieron vehículos blindados, fusiles de guerra, equipos tácticos y centros de inteligencia. El ciudadano comenzó a ser tratado como sospechoso; el barrio, como zona de combate; y la protesta, como amenaza potencial.
Hoy llevamos voluntariamente un aparato de rastreo en el bolsillo. Nuestros teléfonos, vehículos, cámaras residenciales, búsquedas, compras y publicaciones permiten reconstruir nuestros movimientos. Lectores de placas como Flock vigilan carreteras y vecindarios. Empresas privadas acumulan información que las autoridades pueden comprar sin pedir directamente una orden judicial.
Donald Trump no construyó toda esta maquinaria. La heredó.
Ese es precisamente el problema. Las facultades extraordinarias nunca permanecen en manos del gobernante que prometió utilizarlas responsablemente. Trump recibió una presidencia imperial fortalecida por 25 años de guerra permanente, secretos oficiales y cobardía legislativa. Ahora utiliza el lenguaje de invasión y terrorismo contra inmigrantes, despliega fuerzas militares dentro del país, intensifica detenciones y encabeza otra guerra contra Irán sin una declaración formal del Congreso.
También debemos admitir algo incómodo: la política exterior estadounidense ayudó a producir el resentimiento que Al Qaeda explotó. La presencia militar en Arabia Saudita, el respaldo incondicional a Israel y las sanciones contra Irak formaron parte de su propaganda y sus agravios. Eso jamás justifica asesinar civiles, pero negar el fenómeno del blowback solamente garantiza que repitamos la tragedia.
Osama bin Laden no destruyó la Constitución. Nosotros hemos permitido que nuestros gobernantes la desmantelen, pedazo por pedazo, cada vez que aceptamos vigilancia, tortura, guerra o detención sin debido proceso porque prometen mantenernos seguros.
Veinticinco años después, la emergencia nunca terminó.
La emergencia se convirtió en el gobierno.
Les habla El Chupacabras.
#ElChupacast
Referencias: USA PATRIOT Act y sus disposiciones, informe oficial sobre el programa de registros telefónicos, militarización policiaca y Programa 1033, guerra de Trump contra Irán.
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