HJR 6: EL BOZAL RACISTA DE IDAHO Quieren borrar nuestra lengua de la vida pública. NO ME CALLO.

Publicado el 21 de septiembre de 2026, 17:15

No es ningún secreto: gran parte del mundo habla dos o tres idiomas. Hablar más de una lengua abre puertas a la convivencia, al comercio, a la educación, a la cultura y al entendimiento humano. En pleno 2026, vender el monolingüismo como una virtud no es defender el futuro; es romantizar el atraso. Pero eso es precisamente lo que pretende un grupo de legisladores trogloditas de Idaho: convertir su estrechez cultural en mandato constitucional y obligar al estado a caminar hacia atrás mientras el resto del planeta avanza.

HJR 6 ya no es una ocurrencia legislativa ni un proyecto simbólico escondido en algún cajón del Capitolio. La Legislatura lo aprobó en 2025 por márgenes superiores a los dos tercios exigidos: 59 votos contra 8 en la Cámara de Representantes y 30 contra 5 en el Senado. Ahora será el electorado quien decida, el 3 de noviembre de 2026, si esta propuesta entra en la Constitución de Idaho. Basta una mayoría simple de los votos emitidos sobre la medida.

Y conviene dejar algo claro desde el principio: Idaho ya tiene un idioma oficial. El inglés está reconocido como tal en el Código de Idaho, sección 73-121, desde 2007. Por eso HJR 6 no resuelve una carencia legal. Lo que hace es mucho más serio: intenta elevar a la Constitución una fórmula más rígida, más amplia y con muchas menos excepciones expresas que la ley actual.

No están salvando el inglés. El inglés no está en peligro. Están construyendo una herramienta para restringir cuándo, cómo y para quién puede hablar el gobierno.

Lo que aparecerá ante el electorado

La traducción al español de la explicación y pregunta electoral dice:

Esta enmienda constitucional propuesta designaría el inglés como idioma oficial del estado. Todos los discursos, reuniones y demás procedimientos oficiales de los gobiernos estatales y locales, como las reuniones de los concejos municipales y los juicios con jurado, se llevarían a cabo en inglés, y la enseñanza en las escuelas públicas se impartiría en inglés. Todos los documentos de las entidades gubernamentales estatales y locales se publicarían en inglés. Sin embargo, la enmienda permitiría utilizar otros idiomas cuando así lo exija la ley federal.

Pregunta: ¿Deberá enmendarse el Artículo X de la Constitución del Estado de Idaho mediante la incorporación de una nueva Sección 8, para establecer que el idioma inglés será el idioma oficial del estado de Idaho y disponer además que, salvo cuando lo exija la ley federal, el inglés se utilizará en todos los procedimientos públicos, documentos públicos, enseñanza pública y cualquier otro acto público de toda institución pública del estado de Idaho?

Un voto por el SÍ apoya incorporar a la Constitución de Idaho una disposición que designe el inglés como idioma oficial del estado.

Un voto por el NO se opone a incorporar a la Constitución de Idaho una disposición que designe el inglés como idioma oficial del estado, manteniendo el inglés como idioma oficial únicamente mediante la legislación estatal vigente.

○ Sí
○ No

Los promotores sostienen en el folleto electoral que la enmienda podría animar a quienes no dominan el inglés a aprenderlo, promover la unidad, reforzar una identidad común y reducir gastos gubernamentales. Añaden que los servicios lingüísticos críticos seguirían disponibles cuando los exija la ley federal.

Suena amable cuando lo redactan así. El problema está en lo que desaparece de la Constitución propuesta.

La ley vigente no solamente declara oficial al inglés. También autoriza expresamente el uso de otros idiomas por necesidades policiales, de salud y de seguridad pública; en las escuelas conforme a las reglas educativas; en instituciones públicas de educación superior; para el turismo y el desarrollo económico; y en bibliotecas, entre otras excepciones. HJR 6 no reproduce esas protecciones. Su única válvula explícita es: “salvo cuando lo exija la ley federal”.

Esa diferencia no es decorativa. Una ley estatal puede ser modificada por una Legislatura futura. Una disposición constitucional controla a las instituciones públicas, condiciona las leyes posteriores y puede terminar en manos de jueces que tengan que decidir qué significa “enseñanza pública”, “documento público” o “cualquier otro acto público”.

Los autores del retroceso

La medida fue patrocinada por cuatro republicanos:

  • Mike Moyle, de Star, presidente de la Cámara de Representantes.

  • Dale Hawkins, de Fernwood, promotor de HJR 6 en la Cámara.

  • Kyle Harris, de Lewiston.

  • Brian Lenney, de Nampa, promotor de HJR 6 en el Senado.

No son cuatro caballeros preocupados repentinamente por la gramática inglesa. Son figuras que también han promovido o apoyado buena parte de la ofensiva antiinmigrante de la Legislatura de Idaho.

Dale Hawkins patrocinó HB 659, HB 660, HB 700 y HB 764; llevó HB 659 y HB 660 al pleno; respaldó SB 1441 y participó en la sustitución de una propuesta de E-Verify por otro mandato de cooperación con ICE. Kyle Harris patrocinó HB 659, HB 660 y HB 700; presentó HB 700 ante el pleno y apoyó proyectos de E-Verify. Mike Moyle apoyó SB 1441 y votó por HB 659, HB 660, HB 700, HB 704 y la versión enmendada de SB 1247. Brian Lenney ayudó a encabezar públicamente el paquete, patrocinó SB 1318, votó por SB 1247 y SB 1442 y presentó HJM 20 en el Senado.

Las propuestas abarcaban convenios obligatorios entre policías locales e ICE, recopilación de datos migratorios en arrestos y escuelas, restricciones laborales y E-Verify, auditorías relacionadas con refugiados, financiamiento escolar y sanciones contra organizaciones acusadas de ayudar a personas indocumentadas. Algunas cambiaron, otras murieron y otras avanzaron; lo importante es el patrón. No se trataba de una sola política pública, sino de una estrategia para insertar la condición migratoria en la escuela, el trabajo, la policía y los servicios cotidianos.

Hawkins y Lenney participaron en la presentación pública de ese paquete en febrero de 2026, con Kyle Harris entre los legisladores presentes. Los promotores reconocieron haber trabajado con Theo Wold, exfuncionario de la primera Casa Blanca de Donald Trump, exprocurador general adjunto de Idaho, asesor principal de Palantir y colaborador visitante de la Heritage Foundation.

Y Brian Lenney no dejó mucho espacio para interpretar la intención ideológica. Relacionó la inmigración con un supuesto “reemplazo demográfico” mediante refugiados, trata de personas y mano de obra barata. En otra declaración afirmó que Idaho debía poner fin al “saqueo” del estado por extranjeros, tanto legales como indocumentados. Cuando un legislador mete a los inmigrantes legales y a los indocumentados en la misma acusación de saqueo, el problema deja de ser el estatus migratorio. El problema, para él, es el extranjero.

Por eso HJR 6 no puede estudiarse en aislamiento. La misma corriente que quiere convertir a las policías locales en auxiliares de ICE, vigilar la nacionalidad de los arrestados, inspeccionar la situación migratoria de estudiantes y disciplinar a los empleadores ahora quiere decidir qué idiomas puede utilizar una institución pública. Son distintas piezas de una misma arquitectura política: marcar quién pertenece, quién debe justificarse y quién merece ser escuchado.

La huella de Trump

HJR 6 apareció seis días después de que Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 14224, que declaró al inglés idioma oficial del gobierno federal. Dale Hawkins lo admitió sin rodeos: dijo que había tomado “una página del libro de la administración Trump”.

No fue una coincidencia estilística. En julio de 2025, el Departamento de Justicia de Trump publicó directrices para aplicar aquella orden, rescindió la Orden Ejecutiva 13166 sobre acceso lingüístico y describió políticas anteriores de traducción como gasto y señalización ideológica. Las obligaciones creadas directamente por estatutos federales y decisiones judiciales no desaparecieron por arte de magia, pero el cambio federal demuestra por qué la frase “cuando lo exija la ley federal” no es una garantía generosa: es un piso que una administración hostil puede intentar reducir mediante nuevas reglas, interpretaciones y litigios.

HJR 6 seguiría la misma lógica en Idaho. Ofrecería únicamente lo que no se pueda negar legalmente. Nada más. Ni por prudencia, ni por humanidad, ni porque una traducción pueda salvar una vida.

ProEnglish: la genealogía que no quieren mencionar

La enmienda también cuenta con el apoyo de ProEnglish. Hasta ahora no existe prueba pública de coordinación directa entre esa organización y los cuatro patrocinadores de HJR 6; afirmar lo contrario sería adelantarse a la evidencia. Lo que sí está documentado es que ProEnglish sigue el tema de Idaho desde la aprobación de la ley estatal de 2007, celebró durante años sus avances y, en agosto de 2026, prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para crear conciencia y conseguir la aprobación de HJR 6.

ProEnglish se presenta como la principal organización nacional dedicada a establecer el inglés como idioma oficial. También declara abiertamente que busca terminar con la educación bilingüe y sustituirla por programas de inmersión en inglés. Su interés en HJR 6, por tanto, no es una lectura maliciosa de sus adversarios; corresponde a la misión que la propia organización publica.

Pero para entender a ProEnglish hay que seguir el árbol genealógico.

La organización fue fundada en 1994, originalmente con el nombre English Language Advocates, por John Tanton y personas de su red. Años antes, Tanton había dejado la presidencia de U.S. English después de que salieran a la luz memorandos que Linda Chavez, entonces presidenta de aquella organización y exfuncionaria de Ronald Reagan, calificó de antihispanos y anticatólicos. Walter Cronkite también se apartó de la organización tras la controversia.

Tanton fue fundador, cofundador, impulsor o financiador de una red que incluyó a la Federation for American Immigration Reform, conocida como FAIR; el Center for Immigration Studies; NumbersUSA; U.S. English; Social Contract Press y otras entidades dedicadas a restringir la inmigración. Sus documentos y actividades revelaron una preocupación persistente por conservar una mayoría demográfica euroamericana y vínculos con ideas eugenistas.

Su editorial Social Contract Press publicó en inglés The Camp of the Saints, una novela francesa racista y apocalíptica sobre refugiados no blancos que invaden Europa, convertida después en texto de culto para figuras como Steve Bannon. Y en 2012 ProEnglish organizó en CPAC un panel titulado “El fracaso del multiculturalismo”, con Peter Brimelow, fundador de VDARE, entre los participantes.

VDARE, por cierto, me dedicó en 2009 un ataque personal por haber pasado —según su propia burla— de locutor conservador a “defensor de la raza”. Lo menciono porque esta red no es una abstracción académica para mí. Conozco su desprecio, su lenguaje y su manera de convertir la participación cívica latina en una amenaza.

Afirmo que este movimiento nacional que impulsa estas medidas no nació en un vacío patriótico e inocente. Se desarrolló dentro de una red que durante décadas presentó el crecimiento latino, la inmigración y el multiculturalismo como amenazas demográficas y culturales. 

Hasta se oponen a las escuelas bilingües (véase este documento de su sitio web):  

La oposición y el absurdo de gastar para duplicar lo que ya existe

Entre quienes han rechazado HJR 6 se encuentran la senadora demócrata Melissa Wintrow y los representantes demócratas Steve Berch y John Gannon.

Wintrow señaló lo obvio: Idaho ya reconoce al inglés como idioma oficial y, aun así, el estado calculó que colocar y explicar la enmienda en la boleta podría costar alrededor de $300,000 si esos gastos no se generaban por otras medidas electorales. También expresó preocupación por los servicios de interpretación judicial.

Gannon se opuso especialmente a la expresión “enseñanza pública”. Su objeción va al corazón del problema: los estudiantes que todavía están aprendiendo inglés necesitan apoyo en un idioma que comprendan para poder acceder de verdad al contenido académico mientras adquieren dominio del inglés. La ley federal obliga a las escuelas a tomar medidas afirmativas para superar barreras lingüísticas, pero no convierte automáticamente en requisito federal cada programa de inmersión dual, cada clase académica impartida parcialmente en español ni cada proyecto de preservación lingüística.

El argumento oficial contra la enmienda también advierte que la ley actual es más detallada y protege usos que HJR 6 no menciona, como la enseñanza de lenguas extranjeras. Asimismo, alerta que la medida podría dividir a la sociedad al comunicar a quienes no hablan inglés que no son bienvenidos en Idaho ni en sus propias comunidades.

Ahí está la estafa política: gastar dinero público para elevar a la Constitución algo que la ley ya establece, pero hacerlo con menos excepciones, más ambigüedad y mayor potencial de conflicto. Después llamarlo “eficiencia”.

¿Qué podría ocurrir en el peor escenario?

Hay que ser rigurosos. HJR 6 no ordena explícitamente cerrar mañana las escuelas de inmersión dual, eliminar todos los intérpretes o retirar cada folleto en español. Las protecciones federales seguirían imponiendo ciertas obligaciones. Sin embargo, la redacción abriría la puerta a impugnaciones, recortes administrativos y litigios precisamente porque sustituye una lista amplia de excepciones estatales por una sola excepción mínima: lo exigido por la ley federal.

En el peor escenario razonable, estas serían algunas de las áreas en riesgo:

Escuelas de inmersión dual

Los programas español-inglés podrían ser cuestionados, reducidos o privados de fondos cuando la enseñanza de materias académicas en español no sea indispensable para cumplir una obligación federal. Incluso el argumento oficial contra HJR 6 reconoce que la redacción sobre “enseñanza pública” podría alcanzar la instrucción en lenguas extranjeras.

Comunicación con madres y padres

Boletines, reuniones, reportes de calificaciones, portales escolares y mensajes de emergencia en español podrían limitarse al mínimo que alguna autoridad considere exigido por la ley federal. Una familia no debería necesitar un abogado para saber si tiene derecho a comprender lo que ocurre con su hijo.

Alertas de emergencia

La ley actual permite expresamente otros idiomas por necesidades de salud y seguridad pública. HJR 6 no contiene esa excepción. Avisos en español sobre incendios, evacuaciones, agua contaminada, enfermedades o desastres podrían ser atacados como actos públicos no exigidos de manera específica por una norma federal. Quizá un tribunal terminaría protegiéndolos; el disparate es obligar a discutirlo después de que la Constitución ya haya sido alterada.

Policía, tribunales y audiencias administrativas

Seguirían existiendo derechos de interpretación en circunstancias protegidas por la Constitución o las leyes federales, especialmente cuando están en juego el debido proceso y la defensa penal. Pero la divulgación policial voluntaria, ciertos procedimientos civiles, las audiencias administrativas y servicios lingüísticos superiores al mínimo federal quedarían más expuestos a recortes.

Salud y servicios sociales

Title VI de la Ley de Derechos Civiles continúa prohibiendo la discriminación por origen nacional en programas que reciben asistencia federal. Aun así, el alcance de las directrices federales sobre acceso lingüístico se ha vuelto más incierto bajo Trump. Los programas pagados únicamente con fondos estatales podrían ofrecer sólo aquello que un abogado concluya que es obligatorio.

Elecciones

Los materiales electorales exigidos por la sección 203 de la Ley del Derecho al Voto continuarían protegidos en las jurisdicciones cubiertas. Pero las guías voluntarias en español, campañas de educación electoral y materiales adicionales podrían desaparecer si no existe un mandato federal específico.

Bibliotecas

La ley vigente protege expresamente ciertos usos de otros idiomas en bibliotecas. HJR 6 no lo hace. Colecciones, actividades, programas culturales y asistencia en otros idiomas podrían convertirse en blancos de quejas o demandas por ser “actos públicos”.

Universidades públicas

Cursos de idiomas, materias impartidas en otra lengua, programas internacionales y proyectos académicos podrían terminar como objetivos de litigio. Puede parecer una interpretación extrema, pero la enmienda emplea la expresión absoluta “toda enseñanza pública” sin incorporar la excepción universitaria de la ley actual.

DMV y gobiernos locales

Manuales, formularios, páginas web, avisos públicos, reuniones y orientación en español podrían desaparecer cuando una oficina determine que la ley federal no los obliga. Una ciudad podría querer comunicarse con todos sus habitantes y, aun así, temer que hacerlo viole la Constitución estatal.

Turismo, comercio y desarrollo económico

La ley actual autoriza expresamente otros idiomas para promover el turismo y el desarrollo económico. HJR 6 guarda silencio. Sería una ironía muy idahoana impedir que una oficina pública atraiga visitantes o inversiones en español, francés, japonés o mandarín en nombre de la “eficiencia”.

Lenguas indígenas

Los gobiernos tribales soberanos no quedarían subordinados a la Constitución de Idaho de la misma forma que una institución estatal. Sin embargo, programas de lenguas indígenas operados conjuntamente con escuelas públicas o universidades estatales podrían enfrentar nuevas preguntas, impugnaciones o restricciones.

Éste es el punto: aunque algunos de estos ataques no prosperaran finalmente en tribunales, HJR 6 crearía el arma, el incentivo y la incertidumbre. Las instituciones podrían recortar servicios antes de recibir una demanda; los funcionarios podrían autocensurarse por temor; y las comunidades tendrían que gastar tiempo y dinero para recuperar lo que hoy la ley permite claramente.

Esto también es personal

¿Estoy peleando contra HJR 6 por interés personal? Claro que sí. Y no me avergüenza decirlo.

Trabajo en medios de comunicación en español desde 1989. Soy uno de los miembros fundadores de la Cámara Hispana. Mi esposa es maestra de inmersión dual en español. Como integrante de la Comisión de Planeación y Zonificación, me preocupa que esta enmienda pueda impedirme recibir directamente el testimonio en español de un miembro de mi propia comunidad, salvo que alguna obligación federal lo proteja.

Pero mi oposición no termina en mi trabajo, mi familia ni mi servicio público. Me preocupan el jornalero que necesita entender una alerta de evacuación; la madre que necesita hablar con la maestra de su hija; el ciudadano que quiere comprender su boleta; el acusado que necesita saber qué ocurre en una sala judicial; el paciente que no puede describir un dolor en inglés; el estudiante que aprende ciencias y, al mismo tiempo, aprende un nuevo idioma; y el anciano que ha pagado impuestos durante décadas, aunque todavía se exprese mejor en español.

No existe unidad cuando el gobierno obliga a una parte de la población a callarse para que otra se sienta culturalmente cómoda. Eso no es cohesión. Es obediencia lingüística.

El inglés no necesita una muralla constitucional. Se habla en la Legislatura, en las cortes, en las escuelas, en las empresas y en prácticamente todos los espacios de poder de Idaho. El español, las lenguas indígenas y los demás idiomas no lo amenazan. Lo complementan, amplían el alcance del gobierno y permiten que más personas participen en la vida pública.

Lo que podemos hacer

Primero, habla con un amigo, un familiar, un integrante del consejo escolar, un compañero de trabajo o cualquier persona que pueda votar. Explícale que Idaho ya tiene al inglés como idioma oficial y que HJR 6 elimina de su texto constitucional las excepciones detalladas de la ley vigente.

Segundo, si eres ciudadano estadounidense y estás registrado para votar, acude a las urnas el 3 de noviembre de 2026 y vota NO a HJR 6.

Tercero: vota, vota y vuelve a recordarles a los demás que voten. Las enmiendas constitucionales sobreviven durante generaciones; la apatía de una tarde puede convertirse en la restricción de varias décadas.

Y hasta la elección, utiliza el emblema NO ME CALLO como foto de perfil. Que sepan que nuestra lengua no es una vergüenza, que nuestra participación no requiere permiso y que no aceptaremos que cuatro políticos conviertan sus complejos culturales en la Constitución de todos.

Este 3 de noviembre, vota NO a HJR 6.

Porque aprendimos inglés sin olvidar el español. Porque pertenecer no significa desaparecer. Y porque ante quienes quieren confundir unidad con silencio, la respuesta debe escucharse fuerte y clara:

NO ME CALLO.

#ElChupacast

 

 

Fuentes y documentación

HJR 6, texto, votación y argumentos electorales

Paquete legislativo sobre inmigración y declaraciones de sus promotores

Trump y el inglés oficial

ProEnglish y la red de John Tanton

Protecciones federales que seguirían operando —con alcance limitado—

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