¿Hablas español en público? ¿Tu piel lleva el orgullo de la melanina? Entonces prepárate: en la “tierra de la libertad”, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de convertirte en sospechoso por defecto. En una decisión de 6-3 (Noem v. Vasquez Perdomo, 25A169), la mayoría conservadora autorizó que ICE pueda usar el idioma, la apariencia y hasta el lugar de trabajo como criterios para detener personas. Dicho de otro modo: el perfil racial acaba de ser legalizado.
El retroceso es brutal. Por más de siete décadas, desde Brown v. Board of Education (1954) hasta Arizona v. United States (2012), la jurisprudencia había avanzado —aunque imperfectamente— hacia limitar la discriminación institucional. Hoy, con el aval del animal naranja de la Casa Blanca y sus tres jueces designados, el país da un salto hacia atrás a la época de “sospecha por color de piel”.
El fallo desmonta un freno impuesto por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien había bloqueado las redadas racistas de ICE en Los Ángeles. Testimonios abundan: detenciones en Home Depots, carwashes, centros de jornaleros. Un residente legal esposado y humillado por hablar español. Familias enteras devastadas mientras abogados presentan mociones que el gobierno ignora con descaro.
Frente a esta ignominia, la voz de Sonia Sotomayor se erige como conciencia moral. Su disenso, respaldado por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, denuncia que este fallo es “inconciliable con la Constitución”. Sotomayor no se anduvo con rodeos al criticar directamente a Brett Kavanaugh, quien cínicamente describió las redadas como “paradas breves para preguntas”. La realidad —aclara ella— es violencia armada, ciudadanos estadounidenses esposados y trabajadores arrancados de sus empleos.
Su advertencia es clara y devastadora:
“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede apresar a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo de bajos salarios. Innumerables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, lanzadas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento o el hecho de ganarse la vida con trabajo manual. Hoy, la Corte innecesariamente somete a incontables más a esas mismas indignidades. Este fallo traslada la carga al individuo, a millones de ciudadanos y residentes legales, obligándolos a portar papeles para demostrar que merecen caminar libres. La Constitución no permite la creación de una ciudadanía de segunda clase.”
El efecto es devastador: millones de personas, incluidos ciudadanos y residentes legales, se verán obligados a cargar pruebas constantes de su estatus para “probar” que merecen caminar libres. Sotomayor lo llama por lo que es: una ciudadanía de segunda clase, un eco escalofriante de la cláusula de los “tres quintos” que alguna vez redujo a seres humanos a fracciones en la Constitución.
La Corte no solo legitima el racismo; se alinea con el proyecto autoritario de Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional lo niega, pero los hechos son claros: redadas masivas, detenciones sin causa probable, y comunidades latinas viviendo bajo terror constante. Esto no es el estado de derecho; es un estado policial selectivo.
Este fallo no es solo una traición a la Constitución; es una sentencia de persecución abierta. Si la comunidad latina, negra y migrante no convierte su indignación en resistencia, el régimen de Trump habrá conseguido legalizar la cacería humana en Estados Unidos. Mañana no será “el que parezca diferente” la próxima víctima: será cualquiera que respire libertad, que hable con acento, que se atreva a existir fuera del molde blanco y sumiso que la Corte Suprema acaba de bendecir.
Referencias
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NBC News, “Immigrant advocates say ICE violating court order banning racial profiling in raids” (6 de septiembre de 2025). Enlace
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HuffPost, “Sonia Sotomayor Issues Scathing Dissent On Racial Profiling Ruling” (9 de septiembre de 2025). Enlace
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