MAGA DECIDE QUIÉN ES “AMERICANO” Y QUIÉN NO: LA DENATURALIZACIÓN Y LA GUERRA CONTRA LA DOBLE NACIONALIDAD

Publicado el 2 de diciembre de 2025, 5:01

La línea entre política pública y autoritarismo se está borrando peligrosamente en Washington. En cuestión de días, la administración del presidente Trump y aliados del bloque MAGA han puesto sobre la mesa dos propuestas que reconfigurarían —por la fuerza— quién cuenta como estadounidense y quién puede ser expulsado del país. Ambas medidas, aunque presentadas por separado, funcionan como partes de un mismo proyecto: redefinir la ciudadanía con criterios ideológicos y étnicos.

Por un lado, un nuevo memorando del Departamento de Justicia ordena a fiscales federales “priorizar y maximizar” procedimientos de denaturalización en todos los casos posibles. La directriz, fechada el 11 de junio, permite que cualquier ciudadano naturalizado sea investigado bajo estándares vagos y discrecionales, sin derecho a jurado y sin acceso garantizado a un abogado. Inmigrantes, abogados y académicos advierten que estas medidas —impulsadas por asesores como Stephen Miller— convierten la ciudadanía en un estatus frágil, especialmente para familias mixtas cuyos hijos nacieron aquí. Organizaciones legales comparan esta postura con tácticas de la primera administración Trump, que ya había abierto una sección entera dedicada a investigar y despojar ciudadanía por procesos civiles.

Simultáneamente, el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, ha introducido la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, que obligaría a más de 40 millones de estadounidenses con doble nacionalidad a elegir en un plazo de un año entre Estados Unidos y su país de origen. Quienes no renuncien formalmente a su otra ciudadanía serían considerados como si hubieran abandonado la estadounidense. La medida exigiría nuevas bases de datos federales del Departamento de Estado y del DHS para rastrear a millones de personas, incluso aquellas nacidas en territorio estadounidense pero con vínculos familiares en el extranjero.

La coincidencia temporal de ambas iniciativas —una desde la Casa Blanca y otra desde el Senado— apunta a una estrategia más amplia: estrechar la definición de “americano” y convertir la ciudadanía en un arma política. En declaraciones recientes, Trump ha sugerido públicamente deportar incluso a ciudadanos nacidos en el país, a quienes considera “malos para Estados Unidos”, y ha promovido el concepto ultraderechista de “remigration”, un proyecto para expulsar poblaciones consideradas “disruptivas”.

Expertos de universidades como Northwestern y George Mason señalan que el lenguaje del memorando del Departamento de Justicia es “opaco”, “arbitrario” y potencialmente incompatible con las protecciones constitucionales de debido proceso. Defensores de derechos civiles alertan que ambos esfuerzos —la denaturalización masiva y el fin de la doble nacionalidad— reactivarían herramientas históricamente asociadas con persecuciones políticas y étnicas del siglo XX.

Mientras tanto, líderes estatales como la representante Mai Xiong advierten que estos procesos civiles permiten decisiones sin evidencia sólida, sin jurado y sin representación legal, dejando a ciudadanos en riesgo de deportación inmediata. “Esto no es el Estados Unidos que conozco”, declaró Xiong, quien califica este esfuerzo como una amenaza directa al tejido constitucional.

Todos estos movimientos —desde revivir conceptos como “amenazas a la civilización occidental” hasta cuestionar el nacimiento de estadounidenses elegibles para cargos públicos— pintan un panorama inquietante: un gobierno que busca decidir quién pertenece, quién molesta y quién puede ser eliminado del mapa cívico.

Lo que está en juego no es una reforma migratoria, sino la definición misma de ciudadanía en la nación más diversa del mundo. (Y ya parece que podrán arrebatarme la ciudadanía mexicana)

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