Imagínate que los buitres gélidos de ICE te detienen y, después, te suben a un avión rumbo a un país donde nunca has vivido, donde no conoces a nadie y cuyo idioma quizá ni siquiera entiendes. El gobierno decide que ese territorio será tu destino; tú cargas con el miedo, el desarraigo y las consecuencias. Así funciona la crueldad cuando consigue presupuesto, respaldo político y una ventanilla judicial que le permite seguir operando.
Este 29 de septiembre, la Suprema Corte permitió provisionalmente que Trump reanude las deportaciones a terceros países, con la oposición de sus tres jueces liberales. Conviene precisar algo: todavía no resolvió definitivamente la legalidad de esa política; escuchará argumentos en diciembre. Pero mientras los ministros preparan sus preguntas, hay personas que pueden terminar expulsadas antes de tener una oportunidad real de explicar los peligros que enfrentarían. El calendario judicial avanza con calma; los aviones, con pasajeros aterrorizados.
Según NPR, los abogados de los migrantes denuncian que personas enviadas sin aviso suficiente ni oportunidad de solicitar protección han sufrido detenciones arbitrarias, golpizas, agresiones sexuales, desapariciones y devoluciones a países de los que Estados Unidos ya había reconocido que necesitaban protección. La administración responde que las garantías diplomáticas contra la tortura deberían bastar. Qué comodidad: Washington recibe una promesa; el deportado pone el cuerpo para comprobar cuánto vale.
Esa mayoría conservadora podrá envolver su decisión en procedimientos, jurisdicciones y tecnicismos, pero su efecto inmediato es permitir que continúe una política cuyas consecuencias humanas están denunciadas ante los tribunales. Para mí, eso es complicidad institucional con una maquinaria de expulsión. Porque suspender una protección también tiene consecuencias, aunque la orden judicial sea breve y sus autores duerman tranquilos.
Y todavía falta mirar hacia abajo, hacia quienes apenas alcanzan la mesa del tribunal. El reportaje de CNN describe a menores migrantes enfrentando procedimientos que pueden decidir su deportación, muchos sin abogado. Entre ellos está Ángel, un hondureño de trece años que explicó que su madre y casi toda su familia estaban aquí, y que regresar era peligroso. Terminó llorando ante una orden de deportación.
Los menores ya enfrentaban tribunales durante gobiernos anteriores, incluido el de Obama. Esa vergüenza tiene historia. Lo que documenta CNN ahora es la pérdida de apoyo jurídico y, según abogados y defensores, una aceleración de los procedimientos. El gobierno niega que esté apresurando los casos y asegura que mantiene servicios legales. Sin embargo, acompañar físicamente a un niño hasta una audiencia no equivale a defenderlo.
Pedirle a una criatura que comprenda cargos, reúna pruebas y articule una solicitud de asilo mientras teme perder a su familia es una obscenidad burocrática. Después nos venden discursos sobre proteger a la infancia. ¿Protegerla de qué, si el propio Estado le administra angustia y exige respuestas que muchos adultos tampoco sabrían dar?
Y llega el colmo: The New York Times, en un reportaje republicado por GV Wire, informa que ICE busca incorporar cinco mil empleados antes de terminar el año. La misma información señala que casi siete mil quinientos contratados todavía esperan verificaciones exhaustivas de antecedentes. DHS promete mantener estándares rigurosos. Para el niño, exigencias; para la expansión del aparato, prisa y presupuesto.
En este año electoral, mi lectura es que Trump vuelve a convertir al inmigrante en combustible político para una derecha nativista que confunde castigo con fortaleza. El método autoritario resulta reconocible: fabricar enemigos, deshumanizarlos y presentar su sufrimiento como victoria nacional.
Pues que se chingue Trump y su negocio político del miedo. La dignidad de un migrante no depende de su pasaporte, y la infancia no debería tener que ganarse el derecho a ser protegida ante un juez. Una democracia que necesita humillar a los vulnerables para sentirse poderosa ya está profundamente enferma.
#ElChupacast
Fuentes:
NPR — Deportaciones a terceros países
CNN — Menores ante tribunales migratorios
The New York Times / GV Wire — ICE busca cinco mil empleados
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