Hay que decirlo sin rodeos: la vergüenza es Donald Trump. Ilhan Omar no tiene que pedirle permiso para ser estadounidense, representar a sus electores ni defender la Constitución. Un presidente que utiliza su tribuna para humillar a una comunidad por su origen degrada su cargo y envenena la convivencia. Y cuando dirige ese desprecio contra una adversaria política, tenemos la obligación de denunciarlo con toda claridad.
¿Quién es Omar? Una congresista demócrata que representa al quinto distrito de Minnesota desde 2019. Nació en Somalia, escapó de la guerra cuando era niña y pasó cuatro años en un campamento de refugiados en Kenia. Llegó al Congreso después de reconstruir su vida en Estados Unidos. Es negra, musulmana, exrefugiada y progresista. Su historia demuestra que la democracia puede abrir puertas que el prejuicio pretende mantener cerradas.
Omar incomoda a Trump porque lo confronta y porque su presencia contradice una política que convierte al inmigrante en sospechoso permanente. Podemos discutir sus propuestas, cuestionar sus decisiones y exigirle cuentas. Eso es democracia. Pero atacar su ascendencia para desautorizarla es racismo. Insinuar que una estadounidense pertenece menos a su país por haber nacido en Somalia establece una ciudadanía de segunda categoría. Esa lógica es profundamente autoritaria.
El lunes 12 de octubre, agentes federales registraron su vivienda en Washington. Justicia confirmó una orden judicial y una investigación criminal, cuyos detalles públicos eran limitados. Omar denunció persecución política. Debemos exigir pruebas y una investigación independiente sobre esa denuncia, sin presentar como demostrado lo que todavía necesita esclarecerse. Pero tampoco permitamos la trampa contraria: una orden de cateo no es una condena, y una investigación no cancela derechos.
Ese mismo día, en Ohio, Trump llamó a los somalíes “low IQ”: «de bajo coeficiente intelectual». Ahí está el racismo, explícito y brutal. Atribuyó inferioridad intelectual a una comunidad por su procedencia. No debatió políticas públicas ni individualizó responsabilidades. Lanzó un insulto colectivo desde la presidencia. El poder no vuelve aceptable esa vileza; la vuelve más peligrosa, porque amplifica el prejuicio y le concede legitimidad ante quienes quieren discriminar.
También dijo “they don’t have pants to wear”: «no tienen pantalones que ponerse». Qué miserable resulta burlarse de la pobreza desde semejante posición de poder. Haber sufrido carencias no reduce la dignidad de nadie. Huir de una guerra no convierte a una persona en inferior. Para quienes conocemos los insultos contra mexicanos y otros migrantes, el mecanismo es reconocible: caricaturizar una comunidad para que su exclusión parezca justificable.
Por eso afirmo que Omar es blanco de ataques racistas. La evidencia está en el uso de su origen como instrumento de humillación y deslegitimación. No hace falta adivinar lo que Trump piensa: basta examinar lo que dice. El cateo requiere escrutinio jurídico; sus insultos permiten un juicio político y moral inmediato. Son indignos de cualquier dirigente, y todavía más de quien debería proteger los derechos de toda la población.
Defender a Omar significa defender la libertad de expresión, la libertad religiosa, la participación política y la presunción de inocencia. Ninguna depende del humor presidencial. Ninguna exige esconder un apellido, quitarse el velo o guardar silencio. Si aceptamos que el poder humille a una adversaria por su identidad, debilitamos las garantías de todos. La democracia exige ciudadanos con derechos, no súbditos agradecidos por recibir tolerancia.
Mi solidaridad está con Omar y con quienes se niegan a normalizar este atropello. Exijamos evidencia, rendición de cuentas y límites al poder. Rechacemos el racismo sin eufemismos ni cobardía. Trump merece una condena pública contundente por estas palabras. La desgracia para la humanidad es su desprecio por la dignidad ajena. Omar tiene derecho a existir, disentir y representar. Nosotros tenemos el deber de defenderlo.
#ElChupacast
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