Donald Trump está jugando con fuego —y lo sabe. El presidente ha insinuado, otra vez, que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar al ejército dentro del territorio estadounidense, desobedeciendo a los tribunales y arrebatando el control de la Guardia Nacional a los gobernadores de estados demócratas.
Es la antesala de un régimen autoritario que se disfraza de “orden y seguridad”, cuando en realidad lo que busca es consolidar el poder del Ejecutivo por encima de las instituciones.
El lunes, Trump declaró desde la Oficina Oval: “Si los jueces o los gobernadores nos detienen, usaré la Ley de Insurrección.” Lo dijo tras un fallo federal que le prohibía enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, una ciudad que describió —con la elegancia de un fascista de bar— como “un infierno en llamas.”【Politico, 2025】
Su asesor Stephen Miller remató con cinismo: “Estamos enfrentando una insurrección legal contra la Constitución.”
Traducción: cualquier juez que limite el poder presidencial se convierte en enemigo interno.
La Insurrection Act le otorga al presidente la facultad de desplegar tropas o federalizar la Guardia Nacional en casos de rebelión, violencia o cuando las autoridades estatales “no puedan mantener el orden.” En la práctica, es una excepción a la Posse Comitatus Act de 1878, la cual prohíbe al ejército actuar como policía civil.
El problema es que Trump ve insurrecciones donde hay oposición política, y terrorismo donde hay disidencia.
El peligro no es hipotético. La ley ha sido invocada en circunstancias extremas: en 1957, por Dwight Eisenhower, para proteger a estudiantes negros en Little Rock; en 1962, por John F. Kennedy, para garantizar el ingreso de James Meredith a la Universidad de Misisipi; y en 1992, por George H. W. Bush, para controlar los disturbios de Los Ángeles tras el veredicto de Rodney King.
Cada caso tuvo un denominador común: caos real y una clara violación del orden público. Trump, en cambio, quiere usarla como herramienta política para castigar a estados que no le rinden pleitesía.
De concretarse, la aplicación del Acta de Insurrección colocaría al ejército en las calles de ciudades estadounidenses, con autorización para realizar arrestos, cateos y disolver manifestaciones. Steve Vladeck, profesor de la Universidad de Georgetown, advirtió que una decisión así “abre la puerta a una militarización irreversible del poder civil.”【The Guardian, 2025】
Y aquí es donde entra el habeas corpus. Porque si Trump logra militarizar la vida civil, el siguiente paso —como él mismo insinuó en mayo— sería suspender el derecho de las personas a impugnar su detención ante un juez. El habeas corpus, consagrado en la Constitución y descendiente directo de la Carta Magna de 1215, ha sido el escudo contra los abusos del poder desde hace ocho siglos.
Su suspensión convertiría al país en una cárcel sin paredes, donde el Estado podría desaparecer personas en nombre de la seguridad nacional.
Trump ha dicho que “la frontera sur es una invasión” y que los tribunales “obstaculizan su deber de proteger al país.” En ese lenguaje orwelliano, proteger equivale a reprimir. Su administración ya prepara la narrativa: caos, anarquía, violencia —todo el guion perfecto para justificar el uso de la fuerza militar contra ciudadanos estadounidenses.
Lo que estamos presenciando no es una medida aislada, sino una doctrina: la Doctrina Trump de Insurrección Preventiva. Si no hay rebelión, la inventa. Si no hay invasión, la declara. Y si los jueces lo frenan, los llama traidores.
La democracia estadounidense no caerá con un tanque en Pennsylvania Avenue; caerá con una firma presidencial que invoque una ley de hace dos siglos, diseñada para defender la república, pero ahora pervertida para destruirla.
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Fuentes:
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Politico (6 de octubre de 2025): “Trump weighs invoking Insurrection Act if courts block Guard deployment.”
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The Guardian (7 de octubre de 2025): “What is the Insurrection Act, and can Trump use it?”
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CNN (2025): Entrevista con Maggie Haberman sobre abuso del Estatuto de Extranjeros Enemigos.
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Carta Magna (1215) y Constitución de los EE.UU., Artículo I, Sección 9.
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Ex parte Merryman (1861).
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